La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León no investigó la muerte de 18 personas y 93 lesionados por el motín en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cadereyta, Nuevo León, el pasado 9 y 10 de octubre de 2017.
“Se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida –11 de ellas por disparos de arma de fuego— ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos”, señaló la CNDH.
La Comisión corroboró violaciones a los derechos humanos de los reos y emitió la Recomendación 20/2018, dirigida al gobernador neoleonés, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al fiscal General de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
“La CNDH acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del CERESO, ya que golpearon a los internos de manera innecesaria”, anotó la CNDH.
Entre las recomendaciones esta la implementación de un Protocolo de Manejo de Motines, que privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares y que posibilite brindar a éstos información oportuna y certera.
