El 19 de abril, cuando Miguel Díaz-Canel aceptó formalmente la presidencia de Cuba, se convirtió en el primer “no Castro” que gobierna el país desde que la revolución de Fidel arrasó con la isla en 1959.
En su discurso inaugural, el nuevo mandatario se comprometió a continuar con la visión de Raúl Castro; en particular, la “actualización” inconclusa de la economía, una versión cubana de socialismo de mercado iniciada en 2011, con la finalidad de reemplazar el antiguo sistema de planificación central de estilo soviético. Si tiene éxito, sus reformas resultarán en la transformación más profunda desde que Fidel tomara el poder hace seis décadas, y sentarán las bases para lo que Raúl, su hermano, ha descrito como un “socialismo próspero y sostenible”.
Sin embargo, al tomar las riendas del gobierno, Díaz-Canel enfrenta fuertes vientos políticos. Tiene que imponer las reformas económicas de Raúl a una burocracia que se resiste; algo que causó dificultades incluso al propio Raúl. Debe mantener unida a una élite política conflictiva, la cual se ha dividido en cuanto al alcance y la celeridad del cambio económico porque teme desatar fuerzas ajenas a su control y tiene que cumplir las expectativas de una población cada vez más franca en sus demandas de un nivel de vida más alto y una mayor participación política.
Jamás ha sido tan difícil mantener la continuidad, sobre todo dada la lentitud del avance logrado hasta ahora. En 2011, el Partido Comunista aprobó un total de 313 reformas económica. Para 2016, había implementado menos de la cuarta parte de ellas. Los planes exigen que las empresas estatales (como las de manufactura) se sujeten a los precios del mercado y sean lo bastante eficientes para arrojar utilidades, un sector privado dinámico que genere empleos e ingresos fiscales y abrir las puertas para que la inversión extranjera proporcione capital para el crecimiento.
Pero las reformas están detenidas a causa de los burócratas, reacios a renunciar a su autoridad y sus beneficios; y a los líderes del partido, quienes temen que la reintroducción de los mercados, la propiedad privada y la inversión extranjera traicionen los valores revolucionarios por los que lucharon: una actitud que Raúl calificó de “mentalidad obsoleta basada en décadas de paternalismo”.
Los inversores extranjeros han sido cautelosos. Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, dice que Cuba necesita atraer una inversión extranjera directa de 2 mil 500 millones de dólares anuales, pero en los tres años desde que la isla adoptó una nueva ley de inversión, con concesiones atractivas, ha reunido un total de apenas 3 mil 400 millones. La burocracia cubana —opaca e indolente— sigue ahuyentando a todas las compañías extranjeras, excepto a las más intrépidas.
En lo que se refiere al interior, la mayor parte de las empresas estatales carece de sistemas adecuados para contabilidad de costos. Introducirlos y exigir que las compañías estatales generen utilidades ha sido un proceso tremendamente lento. Cerca de 20 por ciento del presupuesto estatal aún se destina a cubrir el déficit de las empresas estatales fallidas, pero el gobierno se resiste a clausurarlas en masa, ya que crearía un problema de desempleo enorme.
El gobierno que solía controlarlo todo ha otorgado licencias a 580 mil negocios privados —un incremento cinco veces mayor desde 2010. Casi la totalidad del sector agrícola se compone de granjas privadas y cooperativas. En total, el sector privado emplea 29 por ciento de la fuerza de trabajo, pero algunos cubanos consideran que los negocios privados son sospechosamente demasiado exitosos.
Muchas empresas cubanas violan la ley y hacen compras en el mercado negro porque no hay mercados para el mayoreo y porque están restringidas por reglamentaciones tan difíciles de cumplir que son burladas, además evaden impuestos porque las tasas son exorbitantes y operan fuera de las condiciones de sus licencias debido a que los permisos son muy limitados. Para los conservadores del Partido Comunista esto tiene el aspecto de un capitalismo incipiente fuera de control.
En cuanto al cubano promedio, el crecimiento del sector privado ha impulsado una desigualdad creciente y visible. Hoy, a diferencia de hace una década, se puede ver a cubanos elegantes que comen en los restaurantes más caros y se hospedan en hoteles para turistas, antaño reservados a los extranjeros. Entre tanto, la mayoría de la población tiene que esforzarse para sobrevivir con salarios estatales inadecuados.
Raúl sabía que las reformas de mercado producían desigualdad, pero esperaba que los cambios fortalecieran la productividad, estimularan el crecimiento y elevaran el nivel de vida de todos los habitantes, con lo cual se acallaría el descontento por la desigualdad. No ha sido así. Debido a que el sector estatal se resiste tanto al cambio, el crecimiento ha sido anémico y ha socavado la lógica política del proceso de reforma. Un economista cubano que asesora al gobierno me dijo que los líderes del país saben cuáles son las medidas económicas que deben adoptar; lo que les preocupa es el riesgo político.
Eso explica por qué Cuba tiene dos monedas —el peso cubano y el peso cubano convertible, que tiene el mismo valor que el dólar estadounidense—, amén de numerosas tasas de cambio. Introducido en la década de 1990 para atraer remesas de la diáspora cubana en Estados Unidos, el sistema de dos monedas se ha convertido en un lastre enorme para el crecimiento, y ha vuelto casi imposible una contabilidad de costos realista. No obstante, es difícil unificar la moneda y, además, podría tener repercusiones imprevisibles para la economía. Con su escasez crónica de reservas extranjeras y sin acceso a la ayuda de instituciones financieras internacionales, Cuba tendrá que lidiar con la conversión por su cuenta.
Así pues, si bien las tareas más urgentes de Díaz-Canel son económicas, sus problemas más graves son políticos. De manera consistente, las encuestas de opinión independientes que se llevan a cabo en Cuba confirman el descontento general con la economía, y resaltan que hay muy poca confianza en la capacidad del gobierno para mejorar las cosas. En 2016, una encuesta del centro de investigación NORC con base en la Universidad e Chicago reveló que 70 por ciento de los cubanos citó la economía como el problema más grave del país, y la mitad opinó que la desigualdad se había vuelto demasiado grande. El descontento es incluso mayor entre las generaciones jóvenes que no tienen recuerdo alguno de los días dorados de la revolución en las décadas de los 60 y 70.
Mientras Díaz-Canel intenta navegar el barco del Estado por esas peligrosas aguas, también habrá de mantenerse alerta a un motín de su tripulación. Aun cuando la toma de decisiones entre los líderes es inescrutable, hay indicios que apuntan a divisiones internas por las reformas económicas y por la manera de responder a las manifestaciones de descontento popular que han ido en aumento con la expansión de la internet. La autoridad de Raúl, como veterano revolucionario, le permitió mantener la cohesión de la élite, una ventaja de la que no disfruta Díaz-Canel. Si bien es un político experimentado que ha tenido tres décadas para subir por el escalafón político, es poco conocido excepto en dos provincias, donde sirvió como primer secretario del Partido Comunista, pero no estará solo. Raúl aún es el líder del Partido Comunista y promete seguir allí para respaldar a Díaz-Canel; incluso ha dicho a la Asamblea Nacional que espera que el mandatario termine convertido, también, en el próximo líder del partido.
De modo que el nuevo presidente de Cuba no es ni será una marioneta. Mediante una entrega de poder bien calculada, es probable que se convierta en el hombre a cargo del poder. Y tiene por delante un trabajo hecho a la medida.
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William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la Universidad Estadounidense de Washington, D. C.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
