Líderes indígenas de América Latina pidieron este jueves 28 de septiembre que sus protestas contra proyectos extractivos dejen de ser criminalizadas y perseguidas penalmente. La demanda se hizo durante un encuentro de seguimiento del Acuerdo de Escazú, en Panamá.
Suscrito en 2018 por 24 países, el acuerdo estipula que los gobiernos deben garantizar que los defensores del medioambiente “puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. A nivel mundial, América Latina es la región más peligrosa para la defensa del planeta.
“A los indígenas amazónicos nos persiguen” en Perú, dijo a la AFP la dirigente Elaine Shajian Shawit, de la región selvática de Loreto. “La gente sale a las calles a protestar para que sean protegidos sus territorios, sus ríos, pero son denunciados penalmente”, agregó durante un foro regional sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La lideresa maya guatemalteca Kelidy Sacbá Coc también se quejó de que en su región natal, Alta Verapaz, las manifestaciones contra las centrales hidroeléctricas son reprimidas. “Se sufre mucho con las hidroeléctricas”, declaró a la AFP.
Quejas similares expusieron indígenas de diversos países en el foro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) en seguimiento al Acuerdo de Escazú, ratificado hasta ahora por 15 países.
Por su parte, Marcelo Cousillas, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, recalcó que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el primero a nivel internacional que tiene disposiciones específicas sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Nicole Leotaud, representante de Trinidad y Tobago, puso en relieve las distintas visiones y realidades que representan los asistentes a este foro. “Los defensores ambientales son muy diversos y esto debe ser reconocido en el Plan de Acción. Las defensoras y defensores de toda la región comprenden diferentes realidades. Sin embargo, están determinados en proteger sus territorios, culturas, sustentos y formas de vida”, indicó.
Carlos de Miguel, de la Secretaría del Acuerdo de Escazú en la CEPAL, destacó que en 2022 casi el 90 por ciento de los asesinatos de defensores del medioambiente en el mundo tuvieron lugar en América Latina, al citar un informe de la ONG Global Witness.
“Si ustedes ven el mapa de América Latina, básicamente es un mapa de conflictos socioambientales y si ustedes analizan los últimos reportes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el 88 por ciento de los asesinatos del planeta se producen en América Latina y el Caribe”, dijo.
Colombia es el país más peligroso, con 60 de los 177 asesinatos registrados en el mundo en 2022, según Global Witness. Carlos de Miguel afirmó que no solo se asesina indígenas por defender el medioambiente, sino también guardaparques, funcionarios y empresarios.
Al foro asistieron indígenas de Chile, México, El Salvador, Colombia, Perú, Guatemala, así como de varias naciones caribeñas. Costa Rica, aunque promovió el Acuerdo de Escazú, desestimó ratificarlo. Chile, que también lo impulsó, lo hizo en 2022.
Los asistentes al foro vieron el documental “La ilusión de la abundancia”, de la documentalista colombiana Érika González, sobre tres ambientalistas latinoamericanas, entre ellas la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016. N
